Ningún oficial tiene cheque en blanco en la Policía Nacional: Omar Rivera

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  • El dirigente de la sociedad civil dijo que le satisfaría que el general Villanueva no fuese encontrado culpable del delito de enriquecimiento ilícito del que se le acusa.

Tegucigalpa. Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, manifestó que pese a que es predecible que el general Félix Villanueva, actual director general de la Policía Nacional, continuará al frente la institución, el mismo no tiene un cheque en blanco y debe poner todo su empeño para conservar su idoneidad y desempeñarse eficientemente en el cargo que ostenta.

«Ningún oficial tiene cheque en blanco en la Policía Nacional; los habilitados a continuar en el servicio policial deben tomar en consideración que estarán permanentemente sometidos a evaluaciones periódicas y constantes investigaciones, y de comprobarse que han cometido algún acto reñido con la Ley o han tenido un mediocre desempeño, se procederá a cancelarlos, como corresponde», advirtió.

El dirigente de la sociedad civil dijo que le satisfaría que el general Villanueva no fuese encontrado culpable del delito de enriquecimiento ilícito del que se le acusa, pues «al frente de la Policía Nacional no basta con tener un oficial diligente y capaz, sino uno honesto y decente».

«El hecho que el presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) haya manifestado que, según lo encontrado en el expediente, el director de la Policía Nacional no se enriqueció ilegalmente, es un alivio», apuntó.

INVESTIGACIÓN DEBEN SER CONCLUYENTES

Respecto a la calidad de los expedientes remitidos por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Omar Rivera lamentó que los mismos sean cuestionados por los representantes de los órganos contralores del Estado. «Es una pena que luego de gastar más de 250 millones de lempiras, en cinco años de gestión los productos de la DIECP generen tantas dudas».

«Hago un llamado para que no se siga despilfarrando dinero en investigaciones sin fuerza ni solidez; cualquier investigación realizada por la institucionalidad pública debe ser realizada con rigor técnico, en el marco de la Ley y ser concluyente, para que pueda ser utilizada para deducir las responsabilidades administrativas, civiles y penales del caso», reaccionó el depurador.

Aprobación de nueva Ley de Policía debe ser prioridad en agenda legislativa

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Tegucigalpa. El miembro de la Comisión Especial para de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, Omar Rivera, expresó que “el proceso de depuración policial se revitalizará con la aprobación del paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que en la actualidad está en proceso de discusión en la asamblea legislativa».

Rivera afirmó que el dictamen ya está listo y los ajustes también, inclusive ya es de conocimiento de las bancadas, se debe acelerar su aprobación en enero de 2017.

El dirigente de sociedad civil indicó que “esta coyuntura de la depuración de emergencia no puede hacer olvidar que se requieren medidas integrales para poder garantizar una fuerte institucionalidad policial que enfrente a la criminalidad y delincuencia, y un nueva marco legal lo permitiría”.

“Las reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de Personal de la Carrera Policial deben ser aprobadas en estos primeros días del año, al retorno de los legisladores, a fin de fortalecer los diferentes organismos policiales, propiciar una profunda transformación del Sistema de Seguridad Pública en Honduras y establecer el régimen disciplinario adecuado, formalizar procedimientos que privilegien los méritos y el buen desempeño a la hora de otorgar ascensos y realizar nombramientos, y respetar los derechos y exigir los derechos que le corresponden a los integrantes de la Policía Nacional”, manifestó Rivera.

El integrante de la Comisión Especial señaló que “sin bien es cierto en el corto plazo se debe impulsar una depuración ‘fast track’, en el mediano y largo plazo deben fortalecerse las capacidades de las unidades de control interno, entidades fiscalizadoras y contraloras del Estado e instituciones operadoras de justicia, para que puedan prevenir, investigar, judicializar y castigar a los agentes de escala básica y altos oficiales de la Policía Nacional que se dedican a cometer actos reñidos con la Ley”.

El año pasado, la Comisión Especial desarrolló intensas jornadas de trabajo a fin elaborar sus recomendaciones a los proyectos de reforma a la legislación policial, mismas que fueron entregadas a las autoridades legislativas.

“Hemos analizado las iniciativas de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y Ley de Personal de la Carrera Policial y remitimos nuestras recomendaciones a la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional“, anunció Omar Rivera.

“Esperamos que los diputados aprueben la nueva Ley de Policía antes de irse a la campaña política; esa es la promesa de los integrantes de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional y los directivos del Poder Legislativo”, exclamó.

Rivera aclaró que la Comisión Especial “además de depurar, también está impulsando la transformación de la Policía Nacional, que incluye el mejoramiento de su marco legal”.

Omar Rivera: Valoramos la disposición del TSC de actuar con celeridad

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Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, manifestó en las últimas horas que esta instancia le da «especial valor a la disposición del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de acelerar las investigaciones de supuesto enriquecimiento ilícito de altos oficiales de la Policía Nacional».

«Nos motiva el interés de los nuevos magistrados del TSC, de concluir las investigaciones en torno a incongruencias patrimoniales de oficiales activos que se desempeñan en posiciones relevantes en diferentes organismos policiales», dijo.

Rivera expresó que para ellos «es muy importante determinar si el actual Director de la Policía Nacional y demás oficiales activos incrementaron su patrimonio de forma desproporcionada e ilegal o, por el contrario, no han cometido ningún delito».

«Alivia un poco saber, de la mismísima voz del presidente del TSC, que el General Félix Villanueva, actual Director de la Policía, aparentemente, será absuelto de cualquier responsabilidad por el delito de enriquecimiento ilícito por el cual ha sido señalado; ojalá el informe oficial confirme esto», señaló.

El dirigente de la sociedad civil reveló que «lo que si realmente consterna e indigna, es que después de 5 años y más de 200 millones de lempiras mal gastados, la calidad de los informes que elabora la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), sean pobres, de mala calidad y no concluyentes, según lo dieron a entender las mismas autoridades del TSC.

Comisión Depuradora urge al TSC a realizar investigación patrimonial de oficiales de la Policía

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  • Tres de los 29 altos oficiales mencionados se encuentran activos en la institución.
  • Operadores de justicia deben ser expeditos en procesos investigativos, arguyen.

Tegucigalpa. La Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional solicitó en las últimas horas al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) agilizar el proceso de investigación de altos oficiales de la institución investigados por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) por enriquecimiento ilícito.

En el comunicado número 39, la Comisión confirma que la DIECP notificó sobre la remisión de 29 expedientes de investigación patrimonial contentivos de incongruencias entre ingresos y patrimonio de igual número de altos oficiales y agentes de la escala básica investigados.

De los 29 oficiales, informaron los depuradores, tres: el General Director Félix Villanueva Mejía, el Subcomisionado Javier Díaz Herrera y el Comisario Selvyn Mayes Ríos, se encuentran activos en la Policía.

«Desde que la Comisión Especial tuvo conocimiento de esta compleja situación solicitó al TSC agilizar el proceso de conclusión de las investigaciones sobre supuesto enriquecimiento ilícito a fin de que las entidades oficiales encargadas de la persecución del delito y la Comisión Especial, tomen las acciones oportunas en contra de los implicados», señalaron.

No obstante, «la lentitud y parsimonia con la cual estos procesos se ha manejado genera un sentimiento de pesar, impotencia e indignación, ya que a pesar del tiempo transcurrido, los casos aún no han sido resueltos y se pudiera estar prolongando la impunidad que ha caracterizado este tipo de hechos».

Finalmente, instaron a los entes contralores del Estado e instituciones operadoras de justicia a volver expeditos los procesos investigativos sobre la supuesta participación de los oficiales antes mencionados en los hechos referidos.

VEA EL COMUNICADO NO. 39:

 

Comisión Especial recomienda cancelar a 490 miembros de la Policía Nacional

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  • En nueve meses de gestión, la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional habría cancelado más de 2,500 policías.

Tegucigalpa. La Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional instó este miércoles al Secretario de Seguridad, General (r) Julián Pacheco Tinoco, a cancelar a 490 altos oficiales, agentes de escala básica y personal auxiliar de diferentes organismos de esa entidad.

Luego de ser evaluados 1,930 oficiales, agentes y auxiliares, 348 de ellos que forman parte de las Unidades Departamentales de Prevención (UDEP) de Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios e Intibucá; de las Unidades Metropolitanas de Prevención (UDEP) de los municipios del Distrito Central (MDC) y San Pedro Sula, Cortés, y de otras unidades policiales, han sido propuestos a ser cancelados por reestructuración en razón de la nueva estructura organizacional de la Policía Nacional aprobada por la Comisión Especial.

Del mismo modo, la Comisión Especial recomendó al General (r) Pacheco Tinoco, cancelar el acuerdo de nombramiento por retiro voluntario, en aplicación del artículo 109, numeral 1 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, a 131 policías y personal auxiliar de la institución.

Finalmente, sobre la base de una resolución del Instituto de Previsión Militar (IPM), se exhortó a las autoridad nominadora de la Secretaría de Seguridad proceder a cancelar el acuerdo de nombramiento por discapacidad total y permanente, a 11 policías y personal auxiliar, al tenor de los dispuesto en el artículo 109, numeral 2, de la Ley Orgánica de la Policía Nacional.

MÁS DE 2,500 POLICÍAS CANCELADOS

Tomando en consideración que al 31 de diciembre del año pasado, la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional había cancelado a 2,091 oficiales, agentes y auxiliares, con esta nueva acción depuradora que pondrá fuera de la estructura policial a 490 miembros de la carrera policial, el número de depurados ascenderá a 2,581.

De estos 2,581 oficiales y agentes apartados de la Policía Nacional, la Comisión Especial registrará que 1,949 fueron cancelados por reestructuración, en razón del nuevo andamiaje organizacional de la entidad; 207 fueron despedidos con justa causa sin responsabilidad para el Estado, respetando de forma irrestricta el debido proceso y los derechos humanos de los cesanteados; a 387 se les canceló el acuerdo de nombramiento por retiro voluntario; y a 11 por discapacidad total y permanente.

VEA EL COMUNICADO No. 38 Y LA LISTA DE POLICÍAS SEPARADOS:

Sostenibilidad de acciones es la clave en esta lucha contra las maras

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Tegucigalpa. Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional señaló este martes que “la sostenibilidad de políticas públicas en contra de los actos ilícitos cometidos por los integrantes de las maras y pandillas es el factor clave para tener éxito en la lucha en contra de estos transgresores de la Ley».

A criterio de Rivera, quien también es coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia, «las políticas deben ser formuladas e implementadas considerándolas estrategias de Estado y no acciones de gobierno que concluyen cuando termina el mandato del Presidente de turno”.

“La creación de los entes de inteligencia e investigación criminal que los persiguen, la acción articulada de varias instituciones operadoras de justicia en su contra, la incautación y decomiso de sus activos obtenidos de forma ilícita, la privación absoluta de la libertad de sus líderes más agresivos y la persecución de sus aliados más relevantes en la institucionalidad pública, tienen a los miembros de maras y pandillas contra la pared, asfixiados y sometidos a una hostil acción por parte del Estado que nunca antes habían experimentado; estas intervenciones deben continuar y formalizarse y convertirse en políticas de Estado de obligatorio cumplimiento”, reflexionó.

Además, manifestó que “la reingeniería institucional del sistema de seguridad y justicia en el país ha permitido crear nuevas entidades de inteligencia e investigación criminal que han puesto especial énfasis en perseguir los delitos a los cuales normalmente se dedican las maras y pandillas”.

“La transformación de la corrupta e ineficiente Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) en la moderna Dirección Policial de Investigaciones (DPI); la puesta en marcha de la nueva Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del Ministerio Público (MP), especializada en delitos complejos cometidos por bandas del crimen organizado; y la creación de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia del Estado y la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), ha permitido ejecutar una acción focalizada y exitosa en contra de mareros y pandilleros en aquellas actividades ilegales de recurrencia, por ejemplo: extorsión, narcomenudeo y lavado de activos, entre otros”, agregó.

Del mismo modo, el dirigente de la sociedad civil indicó que “maras y pandillas han enfrentado las intervenciones coordinadas de varias entidades del Estado a través de plataformas de articulación territorial como la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), que sigue directrices del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, está generalizada actuación coordinada de policías, investigadores, fiscales, jueces y militares, ha sido un obstáculo para que los facinerosos continúen haciendo de las suyas en barrios, colonias, aldeas y caseríos de las principales ciudades del país”.

“El desmontaje de la estructura económica construida ilícitamente por las maras y pandillas, ha golpeado fulminantemente a estas organizaciones criminales; sacudir sus finanzas, como lo ha hecho el MP, con operaciones como ‘Avalancha’, ha debilitado a estas redes criminales en gran medida. El aseguramiento de bienes, la incautación y decomiso de los mismos, y la persecución penal por el delito de lavado de activos representa una evidencia concreta de la voluntad política de los operadores de justicia de quitar el manto de impunidad que ha arropado a los mareros en Honduras; sin lugar a dudas este tipo de acciones deben continuar”, continuó.

Asimismo, el depurador consideró que “la decisión gubernamental de confinar a cárceles de máxima seguridad a los principales y más agresivos líderes las maras y pandillas debe ser una norma, pues est neutraliza operaciones delictivas que -lamentablemente- eran dirigidas desde los centros penitenciarios del país; el envío de los más agresivos e influyentes pandilleros al ‘Pozo’, ha sido un contundente latigazo
a las andanzas de estos criminales”.

+ Vea el informe MARAS Y PANDILLAS EN HONDURAS

Finalmente, afirmó que “el hecho que se hayan iniciado acciones de depuración en las instituciones que conforman el sistema de seguridad y justicia en el país, ha permitido expulsar del andamiaje estatal a funcionarios corruptos que se constituían en aliados de los miembros de las maras y pandillas; la profilaxis realizada por la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional permitió cancelar a más de 2 mil altos oficiales y agentes de escala básica, muchos de los cuales facilitaban a mareros y pandilleros la comisión de delitos graves”.

“La limpieza policial debe continuar como hasta ahora, pues las maras y pandillas ahora cuentan con una menor cantidad de malos policías que les ayudan a cometer pillerías en las diferentes circunscripciones departamentales, municipales y metropolitanas”, propuso.

Rivera declaró que “la agresividad con la cual están intentando reaccionar los mareros y pandilleros es natural y predecible; por tal razón,
las autoridades estatales deben responder con inteligencia, fuerza y valentía”.

“Sin duda alguna, las maras y pandillas están contra la pared, limitadas en su accionar perverso, sin oxígeno y avasallados por una recia actitud de la autoridad del Estado, hecho inédito en la vida nacional; pero para que esto continúe debe haber sostenibilidad en el accionar estatal; le corresponde a la ciudadanía a estar vigilante que no se baje la guardia y que se logre judicializar expeditamente y castigar ejemplarmente esta conducta inapropiada de estos inadaptados sociales”, concluyó.

Embajador de EE UU: Seguiremos apoyando a la Comisión Depuradora de la Policía Nacional

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Tegucigalpa. El embajador de los Estados Unidos de América en Honduras, James Nealon, manifestó este lunes la voluntad del Gobierno de su país para continuar apoyando los esfuerzos de la Comisión Especial de la Depuración y Transformación de la Policía Nacional y brindar apoyo a los integrantes de la misma para mejorar sus condiciones de seguridad.

“De acuerdo a las amenazas que han recibido los miembros de la Comisión Especial, el trabajo de ellos es sumamente importante y ellos son personas valientes por haber tomado esas responsabilidades, estamos en un contacto permanente con todos los miembros de la Comisión”, manifestó Nealon.

El diplomático afirmó que el gobierno estadounidense está “apoyando algunos miembros en una forma muy práctica y pragmática, y vamos a seguirlos apoyando, esas amenazas tienen que pagar”.

El embajador ha expresado anteriormente sus muestras de apoyo al trabajo efectuado por los miembros de la Comisión Especial, condenando las amenazas a las que han sido expuestos a causa de esta labor.

En junio pasado, expresó que «todos aquellos que piensan que este proceso puede ser revertido mediante amenazas a cualquier persona o grupo, están lamentablemente equivocados”.

En casi nueve meses de trabajo, la Comisión ha separado a 2,091 elementos de la Policía Nacional, principalmente de las escalas superiores, de más de tres mil que han sido sujetos a evaluación.

De igual manera ha anunciado la evaluación de todas las unidades de la institución, así como la certificación de los oficiales que aspiran a ser ascendidos.

Fiscales especiales del Ministerio Público se reúnen con Comisión Depuradora de la Policía Nacional

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Tegucigalpa. Fiscales especiales del Ministerio Público (MP) se reunieron este miércoles con los integrantes de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, para dar seguimiento a las denuncias y casos de corrupción y criminalidad que fueron presentados ante el ente operador de justicia por la instancia depuradora.

Luis Javier Santos y Juan Carlos Griffith, fiscales de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), y Ricardo Castro, director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), sostuvieron un encuentro de dos horas con Alberto Solórzano, Vilma Morales, Omar Rivera, Carlos Hernández y Germán Leitzelar, miembros de la Comisión Especial para la Depuración Policial.

Recientemente, en el mes de agosto de 2016, la Comisión Depuradora entregó a las autoridades del MP expedientes que contienen por lo menos 144 casos y denuncias que vinculan a 455 oficiales y agentes en la comisión de 28 presentes delitos.

Entonces, Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial y coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), expresó que los expedientes entregados a la Fiscalía “contienen historias dantescas en las cuales criminales, delincuentes y corruptos son aquellos que precisamente eran los responsables de combatir el accionar ilícito del crimen organizado y la delincuencia común; es decir, altos oficiales y agentes de escala básica de la Policía Nacional”.

Los documentos presentados ante las autoridades contenían casos especiales sobre tres generales de la Policía Nacional, investigaciones patrimoniales, expedientes con indicios de investigación criminal por la supuesta comisión de diversos delitos (entre ellos abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, coacción, detención ilegal, falsificación de documentos y fraude) que implican a un comisionado, un subcomisionado, dos inspectores, un suboficial y cinco agentes de la Policía Nacional.

De igual forma, la Comisión entregó las denuncias interpuestas por ciudadanos a través de la plataforma Honduras Denuncia, los cuales incluyen delitos como: robos, homicidios, extorsiones, evasiones, crimen organizado, hurto de armas y encubrimiento de otros policías en fugas de privados de libertad.

“Daremos todo de nuestra parte para cumplir en el plazo establecido”: Omar Rivera

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Tegucigalpa. El coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) y miembro de la Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional, Omar Rivera, dijo que «los miembros de la Comisión estamos poniendo todo nuestro empeño para cumplir a cabalidad y en el tiempo previsto con el mandato de implementar la necesaria profilaxis y reingeniería de los diferentes organismos policiales».

«Si el Presidente de la República y el Congreso Nacional deciden extender la duración de la gestión de la Comisión Especial, estamos en la plena disposición de seguir sirviendo a la Patria para consolidar este proceso de reedificación de la Policía Nacional«, manifestó Rivera.

El dirigente de la sociedad civil señaló que «dejar instaurado un sólido y efectivo sistema de investigación y evaluación de los integrantes de la carrera policial, aprobado un nuevo marco legal que defina una renovada estructura institucional y puesta en vigencia una Ley de la Carrera Policial, son retos del corto plazo que vamos a poder cumplir sin problema».

No obstante, el depurador expresó que «la reforma del sistema de educación de oficiales a través de la Academia Nacional de Policía (Anapo) y la Universidad Nacional de la Policía de Honduras (UNPH), la identificación de los líderes del futuro de la Policía Nacional y la definición de una nueva mística en la gestión policial, requieren un poco más de tiempo y si se nos da la oportunidad de contar con unos meses más, seguramente lograremos estos importantes cambios».

A más de L. 300 millones ascienden prestaciones laborales pagadas 2,091 policías depurados

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  • “En la última semana del mes de diciembre de 2016, la Secretaría de Seguridad desembolsó L. 50 millones a decenas de policías recientemente cancelados”.

Tegucigalpa. Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional dio a conocer que la última semana del año 2016, la Secretaría de Seguridad pagó más de 50 millones de lempiras, en concepto de prestaciones laborales, a fin de atender la demanda de decenas de policías depurados que exigieron públicamente sus derechos laborales.

Estos 50 millones de lempiras se suman a los 250 millones se ya se habían desembolsado a mediados del mes de diciembre pasado.

El integrante de la Comisión Especial reveló que “con estas últimas erogaciones se pagaron más de L. 300 millones a los 2,091 policías excluidos de la estructura policial”.

«Hasta la fecha se han pagado más de L. 300 millones en concepto de prestaciones laborales y derechos adquiridos a altos oficiales y agentes de escala básica que han sido cancelados por la Secretaría de Seguridad en los primeros ocho meses de implementación del proceso de emergencia de depuración y transformación de la Policía Nacional. De esta forma se ratifica lo que varias autoridades estatales han manifestado, en el sentido que todos los que han sido cancelados como consecuencia del proceso de reestructuración institucional de la Policía Nacional han recibido sus respectivas indemnizaciones, luego que los mismos han acreditado tener sus finiquitos y constancias de solvencia con el Estado”, dijo Rivera.

El dirigente de la sociedad civil manifestó que «una vez los policías cancelados acreditaron no tener cuentas pendientes con el Estado y obtuvieron su finiquito de haber entregado todo su equipamiento, mobiliario y armamento a la Dirección de Logística de la Policía Nacional, se les hizo el pago que corresponde».