Comisión Especial y Organización de los Estados Americanos (OEA) trazan ruta para la transformación de la Policía Nacional
Los integrantes de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, se reunieron con altos funcionarios de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a fin de discutir asuntos inherentes al proceso de reforma del sector seguridad en Honduras.
Los depuradores sostuvieron una larga jornada de trabajo con Paulina do Carmo Arruda Vieira Duarte, Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) de la OEA; y Juan Federico Jiménez Mayor, Vocero y Representante Especial del Secretario General de la OEA en la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), en la cual trazaron la hoja de ruta que permitirá transformar los diferentes organismos policiales.
Luego de una revisión minuciosa a los logros y desafíos del proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional, durante los últimos seis meses, con énfasis en la reforma al marco jurídico, estratégico, orgánico de la entidad policial, las partes acordaron priorizar acciones conjuntas en materia de modernización del sistema de educación de altos oficiales y generar espacios efectivos de participación ciudadana.
En torno a modernizar el sistema educativo policial hondureños se planteó impulsar cooperación horizontal entre los países del continente americano y recibir apoyo técnico de universidades de prestigio como Georgetown University de los Estados Unidos, la Universidad de Sao Paulo de Brasil y la Universidad de Quilmes de Argentina.
En representación de la Comisión Especial se hicieron presentes en la sesión, Julián Pacheco, Secretario de Seguridad; los comisionados Vilma Morales, Omar Rivera y Alberto Solórzano; asimismo, los asesores Jorge Machado y Carlos Hernández.
La OEA, a través de la MACCIH, propone mejorar la calidad de los servicios prestados por el sistema de justicia de Honduras en la prevención y lucha contra la corrupción y la impunidad en el país, a través de la colaboración activa, asesoramiento, supervisión y certificación de las instituciones del Estado encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción; entre sus líneas de acción más importantes tiene la de promover la implementación de las recomendaciones identificadas en el reporte de evaluación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SNSC) elaborado por la Secretaria General de la OEA.