Próximos ascendidos deben ser oficiales de indudable idoneidad

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De frente a la realización de los próximos ascensos de oficiales de la Policía Nacional, que se tienen previstos realizar a fin de año, la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, establecerá rigurosos procedimientos que garanticen que solamente los idóneos sean elevados al rango inmediato superior; así lo ha hecho saber Omar Rivera, miembro de esta Comisión Especial.

Rivera, señaló que “sería inadmisible que se vuelva a cometer el error de recomendar al Presidente Constitucional de la República y al Congreso Nacional el ascenso de oficiales de policía que, meses después, terminaron depurados, enjuiciados y hasta extraditados a los Estados Unidos de América, por la comisión de actos ilícitos”.

“Una Policía Nacional que en 5 años tendrá más de 25 mil agentes requiere un liderazgo robusto, capaz y decente, por lo que la selección de los nuevos altos oficiales debe tomar en consideración los nuevos retos y desafíos de la institución; ya no se trata de tener ese recio y tosco jefe policial que a gritos quería imponer orden en la entidad, ahora se necesitan profesionales con elevadas calificaciones académicas, con un innovador pensamiento estratégico, probidad evidenciada en sus actos y un liderazgo a la vanguardia” manifestó el dirigente de la sociedad civil.

Finalmente, el depurador mencionó que “una revitalizada Policía Nacional demanda una alta oficialidad de óptima calidad para implementar los procesos de reforma y fortalecimiento institucional que tanto ha necesitado esta entidad golpeada –en los últimos años- por la falta de credibilidad y confianza ciudadana”

Los ascensos en la Policía Nacional

El ascenso es un proceso administrativo legal para optar al grado inmediato superior, tiene como propósito mantener los cuadros orgánicos en el orden jerárquico de la Policía Nacional, reconociendo los méritos de cada candidato y el cual estará reglamentado y regulado a través del Manual de Ascensos establecido para tal fin.

La asignación de cargos, debe ser en base a la clasificación de los miembros de la Policía Nacional; considerando el grado jerárquico, tiempo de servicio (antigüedad), formación profesional, capacidad profesional, especialidad, la aprobación de las evaluaciones de suficiencia física y exámenes de idoneidad; asimismo, superar con éxito las diferentes pruebas de rendimiento físico, evaluación del desempeño, eficiencia en el cumplimiento del deber, las diferentes pruebas de confianza.

Más 1,000 Policías depurados en 6 meses de gestión de la Comisión Especial

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Desde que –hace 6 meses- el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, juramentara a la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policial Nacional, ya han sido 1,817 los policías que ha sido sometidos a evaluación a fin de determinar la idoneidad y confianza de los mismos para continuar formando parte de esa institucional gubernamental.

De los policías sometidos a evaluación, la Comisión Especial tomó la decisión de excluir de la estructura a 1,040 de ellos, ya sea como consecuencia del proceso de reestructuración, por despido con justa causa o autorizando su retiro voluntario; del mismo modo, determinó incorporar a la recién aprobada nueva estructura policial, a 736 altos oficiales y agentes de escala básica de la Policía Nacional.

Quedan todavía en proceso de evaluación 27 policías y 14 suspendidos para facilitarles a otros operadores de justicia la realización de investigaciones, juzgamientos y sanciones por la comisión de actos reñidos con la Ley.

CANCELADOS, SUSPENDIDOS E INCORPORADOS

La Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, ha evaluado 1,817 policías de diferentes niveles, de los cuales 9 pertenecen al rango de General, 47 son Comisionados, 108 Subcomisionados, 108 Comisarios, 154 Subcomisarios, 241 Inspectores, 497 Subinspectores, 179 Suboficiales, 430 agentes de escala básica y 44 auxiliares.

De ese total de policías evaluados, 845 fueron cancelados por reestructuración, en razón de la nueva estructura organizacional de la Policía Nacional, aprobada por la Comisión Especial; 118 fueron cancelados por despido con justa causa, sin responsabilidad para el Estado; 14 fueron suspendidos; a 77 se les autorizó el retiro voluntario de la Policía Nacional; 27 todavía continúan en proceso de evaluación y 736 fueron habilitados a continuar en el ejercicio de la función policial.

OTRAS ACCIONES DE LA COMISIÓN ESPECIAL

En el marco de las responsabilidades de la Comisión Especial, la misma ha presentado al Congreso nacional de la Republica sus recomendaciones al contenido del dictamen de la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la propuesta de crear la Ley de Personal de la Carrera Policial; a criterio de los comisionados “el proceso de depuración policial no debe entorpecer la aprobación del paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que en la actualidad es discutida en la asamblea legislativa, todo lo contario, debe acelerar que este instrumento jurídico sea finalmente promulgado”.

Se ha indicado por parte de los depuradores que “esta coyuntura no puede hacer olvidar que se requieren medidas integrales para poder garantizar una fuerte institucionalidad policial que enfrente a la criminalidad y delincuencia; las reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de Personal de la Carrera Policial, deben ser aprobadas a fin de fortalecer los diferentes organismos policiales, propiciar una profunda transformación del Sistema de Seguridad Pública en Honduras y establecer el régimen disciplinario adecuado, formalizar procedimientos que privilegien los méritos y el buen desempeño a la hora de otorgar ascensos y realizar nombramientos, y respetar los derechos y exigir los derechos que le corresponden a los integrantes de la Policía Nacional”.

Asimismo, la Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, envió al MP, varios expedientes de las agentes de escala básica y altos oficiales de la Policía Nacional que fueron cancelados y que además sobre ellos pesa la sospecha y existen indicios de la supuesta comisión de ilícitos, actos corruptos y acciones delincuenciales; recientemente, la Comisión Depuradora entregó a las autoridades del MP, expedientes que contienen por lo menos 144 casos y denuncias que vinculan a 455 oficiales y agentes en la comisión de 28 presentes delitos.

Finalmente, pese a que todavía no está estructurado de forma definitiva un mecanismo de seguimiento a los agentes de escala básica y oficiales que han sido cancelados por la Comisión Especial, la misma ya esboza la configuración de una plataforma interinstitucional conformada por diferentes agencias de investigación criminal e inteligencia del Estado.

Se ha revelado que la idea toral de la iniciativa va encaminada a que dependencias especializadas de la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa, Ministerio Público (MP) y del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, coordinen, articulen y complementen esfuerzos en relaciona directa al mandato legal que tiene cada entidad.

Miembros de la Comisión Especial han indicado que “la idea es que se diseñe un plan de seguimiento a los policías depurados y sea implementado por las unidades de inteligencia de la Secretaria de Seguridad y la Secretaria de Defensa, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del MP, y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) del Estado”. Además se mencionó que también es fundamental que otras dependencias estatales, como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el Instituto de la Propiedad (IP), aporten información clave sobre operaciones de los policías cancelados, para determinar actos reñidos con la Ley y vinculados a lavados de activos u otros delitos.

COMISIÓN ESPECIAL PARA LA DEPURACIÓN Y TRANSFORMACIÓN POLICIAL

La Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional fue creada mediante el Decreto Legislativo 21-2016, aprobado por el Congreso Nacional de la República, el que fue publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 8 de abril, para redinamizar la estancada profilaxis y modernización de la Policía Nacional; el Decreto 21-2016 también declara emergencia nacional la depuración de la Policía Nacional y faculta a la Comisión, que durará un año, a separar a policías si no se reúnen los requisitos de idoneidad y confianza. Asimismo, el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Ejecutivo 29-2016, que le permite a la Comisión Especial y al Secretario de Seguridad, hacer una reestructuración en al andamiaje institucional de la Policía Nacional.

De acuerdo al decreto de emergencia aprobado por todas las facciones legislativas a inicios del mes de abril del presente año, la Comisión Especial en el proceso de depuración tiene las atribuciones 1) Determinar la idoneidad en el servicio como la confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad que debe poseer todo miembro de la carrera policial; 2) Implementar un mecanismo de seguimiento y supervisión de los procesos de los miembros de la Policía Nacional cancelados; 3) Remitir al Ministerio Público (MP) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), los expedientes de las personas canceladas por la supuesta comisión de un ilícito; y, 4) Rendir Informe cada 3 meses al Congreso Nacional, sobre los avances del proceso de depuración.

Del mismo modo, el Decreto Ejecutivo No. PCM-029-2016 del 11 de abril del 2016, aprobado por el Presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 12 de abril de 2016, autoriza a la Comisión Especial “para que proceda a la reestructuración inmediata de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, personal auxiliar y civil y de la Policía Nacional, ejecutando un proceso de reestructuración, cancelando los Acuerdos del Personal o de los miembros de la Carrera Policial conforme los requerimientos técnicos, profesionales y administrativos que requiera la Institución, así como de aquel miembro o personal que no cumpla con cualquiera de las condiciones establecidas en el Decreto Legislativo Número 21-2016, como en el presente Decreto”.

FOPRIDEH: La participación ciudadana es un elemento indispensable para luchar contra la corrupción

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  • La APJ y FOPRIDEH exhortan a una mayor participación ciudadana.
  • FOPRIDEH forma parte de la plataforma de organizaciones de la APJ.
  • Las 80 miembros de la federación promueven el desarrollo integral y sostenible del país.

Conscientes de que una activa participación ciudadana en la gestión pública refuerza la lucha anticorrupción, la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH) contribuye a mantener un ambiente democrático a través de acciones de auditoría social y procesos de capacitación para funcionarios y sociedad civil.

Dentro de las políticas públicas que se han planteado en la región para el control de la corrupción, la participación de los ciudadanos en espacios institucionales locales y nacionales se ha convertido en un elemento indispensable para combatir este flagelo.

Bajo esta premisa, FOPRIDEH, que actualmente preside la doctora Amanda Madrid, impulsa a través de sus acciones procesos de descentralización como medio para impulsar el desarrollo integral y sostenible del país que puedan hacerle frente a la corrupción, fortaleciendo las capacidades de sus organizaciones afiliadas.

Es así, que con más de 80 organizaciones aglutinadas en su red y diseminadas en todo el territorio nacional, FOPRIDEH apoya diversas dimensiones del desarrollo nacional, regional y local.

El espíritu del trabajo de esta plataforma persigue la construcción de una democracia estable, con mayor capacidad de resolución de conflictos y de promover mayor eficiencia en la asignación y uso de los recursos públicos, aprovechando la cercanía entre las autoridades y la población, promoviendo la participación ciudadana en la toma de decisiones y en la vigilancia de la gestión pública.

Esta participación propositiva se concretiza en la presencia de las ONG afiliadas y de la propia FOPRIDEH en espacios institucionales locales y nacionales, apegados a la aspiración de una justicia favorable, para impulsar procesos de desarrollo. De hecho FOPRIDEH ha sido una organización abanderada del reciente proceso de depuración policial, por mencionar un ejemplo.

Mantener actualizadas a sus ONG miembros acerca de las tendencias de la cooperación nacional e internacional y las agendas temáticas ligadas al desarrollo humano sostenible y lucha contra la corrupción, se convierte en el desafío constante de la Federación.

En los últimos meses, destaca entre los aportes de FOPRIDEH la realización de auditorías sociales en distintos municipios del país, para promover políticas públicas relacionadas con la descentralización, la transparencia y la gestión Municipal.

Además, entre sus logros alcanzados se destaca la capacitación de funcionarios públicos, en jornadas de aprendizaje de áreas como la Ley de Transparencia, Presupuesto Público, Gasto Público, Participación de la Sociedad Civil y estrategias de promoción.

FOPRIDEH forma parte de la plataforma de organizaciones de sociedad civil que integran la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), con quien comparte su misión de realizar auditoria social, incidencia política y generación de espacios de participación ciudadana inclusiva para un desempeño eficaz y eficiente del Sistema de Justicia y Seguridad de Honduras.