Ningún sospecho de haber participado en los asesinatos de Arístides Gonzáles y Alfredo Landaverde ha sido ratificado

Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, ha manifestado que «ningún alto oficial o agente de escala básica señalado de haber participado, como autor intelectual o material, en la muerte del zar antidrogas Julián Arístides Gonzáles y el experto en crimen organizado Alfredo Landaverde, ha sido ratificado o habilitado a continuar en la carrera policial».

«Los sospechosos de haber ejecutado estos crímenes estaban suspendidos por 120 días para que las autoridades correspondientes los investigaran; finalizado ese plazo, y como no existió acción penal, corresponde administrativamente dar por terminada la suspensión y proceder a que la Comisión Especial los evalúe para determinar su idoneidad para formar parte de la nueva estructura orgánica, en función de información recolectada de diferentes entes contralores del Estado, instituciones operadores de justicia y plataforma de denuncias ciudadanas» dijo el depurador.

Rivera aseguró que «ninguno de los que aparecieron mencionados en los supuestos informes de inteligencia policial que fueron hechos públicos en El Heraldo y The New York Times, ha sido ratificado en su cargo, ninguno de ellos tiene el visto bueno de la Comisión Especial para seguir en la Policía Nacional, nadie tiene el aval para continuar; todos ellos, una vez se les notifique que la suspensión ha concluido, como manda la Ley serán examinados, y evaluados, y en función de eso se determinará su futuro».

«La Ley Orgánica de la Policía Nacional solamente faculta al Secretario de Seguridad mantener en el estatus de suspendido a un policía por un periodo de 4 meses, una vez acabado ese término, el oficial o agente se reincorpora para ser sometido a la valoración de su perfil, trayectoria, antecedentes y desempeño  por parte de la Comisión Especial, para establecer si es cancelado o no; en eso estamos en este momento, notificando que les llegó la hora de ser sometidos al procedimiento administrativo de evaluación» aclaró.

Omar Rivera apuntó «que no podemos tener suspendidos de por vida a estos sospechosos, hasta que el órgano competente investigue, formule requerimiento fiscal, juzgue y sancione, de haber méritos; ya finalizada la suspensión, nos corresponde tomar en cuenta información clave en nuestro poder para determinar si ese policía señalado es apto para seguir en la institución o no».

«Valga la redundancia, lo que sucedió fue que se suspendió la suspensión para proceder a la evaluación administrativa, sin menoscabo, que el Ministerio Público (MP) pueda en el futuro cercano o lejano actuar penalmente».

Finalmente, el dirigente de sociedad civil ratificó el compromiso de los comisionados de «hacer la anhelada profilaxis que la Policía Nacional necesita, sacando a las manzanas podridas de la institución por la vía administrativa; a nadie más que a nosotros nos gustaría ver a los responsables de estas repugnantes muertes en la cárcel, pero a la Comisión Especial únicamente nos corresponde la acción administrativa de la evaluación, suspensión o cancelación».

Achicamiento de territorios disponibles para la extorsión y narcomenudeo vuelven cruenta la confrontación entre bandas criminales

  • Recuperar la gobernabilidad del sistema penitenciario debe ser considerada una prioridad, pues desde ahí se ordena robar, extorsionar y matar.
  • Depuración policial ayudará a revertir los elevados niveles de impunidad en el país.
  • Unidades de inteligencia e investigación criminal darán seguimiento a policías depurados.

“La acción represiva del Estado en contra de redes delincuenciales y la focalización de las intervenciones policiales a las zonas de mayor incidencia criminal ha vuelto más violento el accionar de los facinerosos que han visto reducido su ámbito de actuación” ha declarado Omar Rivera, Coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).

Rivera, quien también es miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, dijo que “el achicamiento de territorios disponibles para la extorsión y narcomenudeo vuelven cruenta la confrontación entre bandas criminales” lo que debe ser enfrentado por el Estado con “contundencia y efectividad”.

“Masacres como las que se dan a diario en barrios ‘calientes’ y esta nueva modalidad de extorsionar grandes empresas, muestran que delincuentes están actuando con más ferocidad y están siendo creativos en su accionar criminal” manifestó el depurador; por esa razón, los operadores de justicia deben actuar con “creatividad y diligencia para encontrar formas de enfrentar con mayor efectividad la realización de este tipo de ilícitos” expresó.

De la misma manera, el dirigente de sociedad civil sugirió que se tomen medidas para recuperar la gobernabilidad en el sistema penitenciario, pues desde ahí se planifican y ordenan muchos crímenes. “Desde las cárceles se manda a robar vehículos, secuestrar personas, extorsionar a mucha gente y quitarle la vida a ciudadanos honestos; ahí se deben tomar medidas urgentes” propuso.

Depuración policial ayudará a revertir impunidad

Policias-Depurados

Omar Rivera, consideró trascendental el proceso de profilaxis que se está efectuando a lo interno de la Policía Nacional, mismo que “va a tener un impacto positivo a fin de reducir los elevados niveles de impunidad que imperan en el país”; indicó que “el proceso de depuración policial volverá efectivo el accionar institucional en la prevención, persecución y sanción del delito, ya que es más fácil combatir la delincuencia si los delincuentes son sacados de la Policía Nacional”

Sin embargo, advirtió que otros operadores de justicia también deben avanzar en el proceso de depuración, reforma y fortalecimiento de capacidades, tal es el caso del Ministerio Público y Poder Judicial; “es indispensable que se logre capacidad de respuesta inmediata de la Policía Nacional, que se especialicen las diferentes fiscalías del MP, y se despolitice los diferentes juzgados y cortes, para lograr que la impunidad sea enfrentada de manera integral” anotó Rivera.

Seguimiento a policías depurados

Omar Rivera - Coordinador - Alianza por la Paz y la Justicia

Omar Rivera – Coordinador – Alianza por la Paz y la Justicia

Omar Rivera, expuso que “es probable que algunos malos policías estén pensando dedicarse a cometer fechorías una vez salgan de la estructura gubernamental, pero ya se están tomando medidas para enfrentar este fenómeno”.

Pese a que todavía no está estructurado de forma definitiva un mecanismo de seguimiento a los agentes de altos oficiales escala básica que han sido cancelados por la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, la misma ya esboza la configuración de una plataforma interinstitucional conformada por diferentes agencias de investigación criminal e inteligencia del Estado.

Rivera, reveló que la idea toral de la iniciativa va encaminada a que dependencias especializadas de la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa, MP y del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, coordinen, articulen y complementen esfuerzos en relación directa al mandato legal que tiene cada entidad.

“La idea es que se diseñe un plan de seguimiento a los policías depurados y sea implementado por las unidades de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del MP, y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) del Estado” apuntó.

El integrante del organismo depurador señaló que –también- es fundamental que otras dependencias estatales, como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el Instituto de la Propiedad (IP), aporten información clave sobre operaciones de los policías cancelados, para determinar actos reñidos con la Ley y vinculados a lavados de activos u otros delitos.

Según lo establecido en el Decreto Legislativo No. 21-2016 del 7 de abril de 2016, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 8 de abril de 2016, que dio vida a esta Comisión Especial, la misma debe –entre otras responsabilidades- “implementar un mecanismo de seguimiento y supervisión de los procesos de los miembros de la Policía Nacional cancelados”.

 

APJ capacitó jóvenes sampedranos sobre cómo funciona el sistema de seguridad y justicia

La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), realizó una jornada de capacitación destinada a que jóvenes del municipio de San Pedro Sula, Cortés, puedan comprender cuál es la actual situación de violencia y criminalidad en Honduras, cuales son los factores causa de la impunidad imperante en el territorio nacional y cómo funciona el sistema de seguridad y justicia en el país.

El evento se llevó a cabo en el Gran Hotel Sula de la Capital Industrial, el día sábado 3 de septiembre del presente año, en el horario comprendido entre las 8:00am y las 4:00pm.

La jornada, denominada Seguridad 101, estuvo focalizada en desarrollar capacidades y transferir conocimientos a jóvenes pertenecientes a organizaciones no gubernamentales (ONG), movimientos sociales, instituciones académicas e iglesias.

Durante la sesión formativa se hicieron presentes para participar como expositores Omar Rivera, Coordinador General de la APJ; Luís León, Subcoordinador General de la APJ; Ingrid Santos, Coordinadora de Regionalización de la APJ; Joaquín Mejía, Coordinador del Departamento de Derechos Humanos del Equipo de Reflexión, Investigación, Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras; y Ramón Barrios, catedratico universitario.

Esta jornada de capacitación será organizada en los municipios en los cuales funcionan los Capítulos Locales de la APJ, siendo estos Comayagua, Santa Rosa de Copán, El Progreso y Catacamas.

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Alianza por la Paz y la Justicia APJ – Historia

Se fundó en el año 2012, y se constituye en una coalición de organizaciones no gubernamentales de desarrollo, redes de organizaciones de sociedad civil, sindicatos y gremios, iglesias e instituciones académicas, víctimas y familiares de víctimas que realizan auditoría social y veeduría ciudadana al desempeño de las entidades operadoras de seguridad y de justicia en Honduras.

La APJ tiene como visión “una Honduras de paz, seguridad y justicia sobre la base de una buena gestión del Sistema de Justicia y Seguridad hondureño con respeto a los derechos humanos y la transparencia; de igual manera, la misión institucional de la APJ es convertirse en una alianza de organizaciones y redes de la sociedad civil que realiza auditoría social, incidencia política y genera espacios de participación ciudadana inclusiva para un desempeño eficaz y eficiente del Sistema de Justicia y Seguridad de Honduras.