La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), coalición de organizaciones no gubernamentales de desarrollo, redes de sociedad civil, plataformas que aglutinan víctimas y familiares de víctimas de la violencia, gremios, iglesias de diferentes denominaciones, e instituciones académicas, que realizan auditoría social e incidencia política al desempeño de las entidades operadoras de seguridad y justicia en Honduras, ante la simultaneidad de hechos en los que están involucrados altos oficiales de policía y frente al lento e ineficaz proceso de depuración de las instituciones que conforman el sistema de seguridad y justicia, se pronuncia de la siguiente manera:

1. A raíz de las denuncias aparecidas en diversos medios de comunicación en las cuales se señala a integrantes y ex integrantes de la Policía Nacional de haber cometido asesinatos y actos de corrupción, demandamos la acción inmediata de las autoridades del Estado a fin de investigar rigurosamente, judicializar de forma expedita y castigar de manera ejemplar a los involucrados –intelectual y materialmente- y a quienes por acción u omisión hubiesen ejecutado o permitido estos hechos.
2. La actual situación y los pobres resultados del proceso de la depuración policial claramente evidencia el fracaso de la misma y nos obliga a demandar medidas drásticas que permitan mayor efectividad en la identificación y sanción de los policías –que abusando de su autoridad- han cometido actos al margen de la Ley, violando derechos humanos y se han enriquecido ilícitamente.
3. Exigimos que el Ministerio Público (MP) proceda, de inmediato, a asegurar, proteger, analizar, procesar, utilizar y resguardar la datos, expedientes y denuncias que involucren a agentes de escala básica y altos oficiales de la Policía Nacional, que estén en poder de la Secretaría de Seguridad, Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y otros organismos estatales; esta información debe ser utilizada por las fiscalías especializadas del MP, para preparar –según sea pertinente- los requerimientos fiscales que permitan judicializar y castigar a los policías que hayan cometido delitos.
4. En el marco de la aprobación de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, demandamos la creación de un ente independiente que tenga a su cargo la investigación de delitos cometidos por policías, mismo que esté adscrito al MP, que articulando acciones –a lo interno- con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y las correspondientes fiscalías especializadas, logren de una vez por todas satisfacer el anhelo ciudadano de depurar los organismos policiales.
5. Ha quedado demostrado que pese a que en múltiples ocasiones se le dio la oportunidad a la Policía Nacional de impulsar procesos de mejoramiento en la gestión del recurso humano, los mismos han fracasado; no puede la Policía Nacional auto depurarse, ni es pertinente, ni posible.
6. La acción penal del MP, no solamente debe circunscribirse a quienes hayan cometido actos corruptos y criminales en el ejercicio de la función policial, sino también a investigar y sancionar a las autoridades que lo han permitido a lo largo de las últimas décadas; de igual forma, se debe investigar todos aquellos crímenes que sirvieron para silenciar voces y entorpecer los procesos de judicialización y sanción de estos casos.
7. Hacemos un llamado a las autoridades del Estado para que no se dejen amedrentar ante las amenazas que puedan surgir de la persecución hacia bandas del crimen organizado y redes de corrupción que operan en la nación; del mismo modo, incentivamos a la ciudadanía para seguir presionando a fin de lograr que la institucionalidad pública cumpla su mandato de Ley y revierta la generalizada impunidad que impera en el país.

 

Tegucigalpa, MDC – 5 de abril de 2016 

ALIANZA POR LA PAZ Y LA JUSTICIA (APJ)